VILLA DE AGÜIMES
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actualidad
Martes, 17 de junio
Los consumidores pagarán más por sus tarjetas.
Esta medida compensará la caída de ingresos que sufrirá la banca por la bajada de comisiones a los comercios.
El límite hasta un máximo del 0,3% de las comisiones que se cobran a
los comercios por
las compras de los clientes con tarjeta se trasladará a los consumidores, que
deberán pagar más por su 'dinero plástico' como compensación a la caída de
ingresos que sufrirá la banca por esta medida, según han explicado a Europa
Press en fuentes oficiales de MasterCard.
El Gobierno decidió el pasado 6 de junio limitar hasta un
máximo del 0,3% las comisiones aplicables a las operaciones con tarjetas para
apoyar al comercio minorista. "La consecuencia de esta reducción obligatoria
es que los consumidores (clientes de tarjetas) van a ver el coste de sus
tarjetas y otros servicios bancarios incrementados", aseguran las fuentes.
Desde MasterCard se espera que los
bancos continúen "buscando una compensación" por la pérdida de ingresos y así poder
cubrir los costes que supone tener un sistema de pago.
Las fuentes recuerdan que en España ya se redujeron las tasas
de intercambio en más de un 50% entre 2006 y 2010, lo que provocó que los
gastos anuales que los consumidores pagaban por tener una tarjeta se
incrementaron en el mismo porcentaje.
En concreto, los gastos en tarjeta de los consumidores se elevaron
en 2,35 millones de euros, mientras que los comerciantes
redujeron el coste por aceptar el pago con 'dinero plástico' en unos 2,75
millones.
Más dinero en efectivo, más economía
sumergida.
MasterCard lamenta las reducciones obligatorias de las tasas
de intercambio, puesto que considera que no son la "forma adecuada"
de mejorar el uso del pago electrónico o de incrementar su aceptación por parte
de los comercios.
"Si los consumidores tienen que pagar más por sus
tarjetas, es muy probable que opten por utilizar más dinero en
efectivo, que aviva la economía sumergida y que es más
peligrosa de manejar por parte del consumidor y el comerciante", avisan
las fuentes de la entidad bancaria.
"Sorpresa" por la medida.
Desde MasterCard admiten su "sorpresa" ante la
medida del Gobierno, más aún cuando el Gobierno se adelanta a una propuesta de la UE. "Si la redacción
final de la legislación europea es distinta, el Gobierno español tendrá que
retractarse o al menos adaptar su legislación nacional", indican.
La tasas de intercambio son abonadas por el
banco del comercio (y por lo tanto por el propio
comerciante) al banco emisor del titular de la tarjeta por las ventajas que el
comerciante obtiene al aceptar pagos electrónicos.
En concreto, las comisiones de las
tarjetas de crédito tendrán un límite del 0,3% sobre el valor de la transacción
y las de débito del 0,2%, después de adelantar el nuevo reglamento relativo a
las tasas de intercambio aplicables en las operaciones de pago con tarjeta de la Unión Europea.
Académicos y expertos son favorables a la entrada de capital privado
en AENA.
Descartan que los aeropuertos canarios salgan perjudicados por su rentabilidad y alta demanda.
Profesores de Economía Aplicada y
expertos en transporte no creen que la privatización parcial del ente público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) perjudique a Canarias. El hecho
de que las rutas aéreas entre las Islas y la Península tengan una
elevada demanda y que la mayoría de los aeropuertos isleños sean rentables
favorece el interés de los aerolíneas y de los operadores privados. En este
sentido, recuerdan que en los países europeos del entorno de España el modelo
de gestión que impera es el de aeropuertos en manos de la iniciativa privada y
en competencia entre ellos. Pero la opinión de los estudiosos del transporte no
es la del Gobierno canario. Por eso el presidente regional, Paulino Rivero,
anunció ayer que va a solicitar una reunión de la Comisión Mixta
Canarias-Estado para exigir el traspaso de la gestión de los aeropuertos de las
Islas a la
Comunidad Autónoma. Esta es la respuesta del Ejecutivo
regional a la decisión del Ministerio de Fomento de privatizar el 49% de AENA,
a la que se opone rotundamente. El Gobierno autónomo quiere aplicar el artículo
33 del Estatuto de Autonomía, que prevé la posibilidad de pedir el traspaso de
competencias exclusivas del Estado si éste deja la gestión directa de las mismas.
La profesora titular de Economía Aplicada dela ULPGC , Ofelia Betancor,
defiende la participación privada en la gestión del transporte. "No se
trata de la educación o la sanidad, la gestión privada de los aeropuertos es lo
más avanzado que hay en Europa y con la competencia entre ellos han ganado en
eficiencia y en reducción de costes", señala Betancor. Miembro de la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea) y autora de numerosos análisis sobre los sistemas de
transporte, Betancor cree que el modelo que ha aprobado el Gobierno del PP es
privatizar parcialmente el conjunto de AENA con el fin de conseguir ingresos
para las arcas públicas, pero se queda a medio camino y no fomenta la
competencia entre los aeropuertos, como propuso el Gobierno del PSOE en la
legislatura anterior.
La profesora titular de Economía Aplicada de
Betancor admite que con este modelo
de privatización el Gobierno debe reservarse la potestad de regular las tarifas
que cobran los aeropuertos por los servicios que presta. En su opinión,
"si los aeropuertos compitieran entre sí no habría necesidad de controlar
la tarifas en las conexiones internacionales, aunque sí en el tráfico
interinsular".
En el caso de Canarias, Ofelia Betancor recuerda que las rutas aéreas que enlazan Canarias conla
Península son de las más demandadas del sistema, por lo que
"se trata de un mercado muy interesante para las aerolíneas".
Por su parte, Javier Campos, también profesor de Economía Aplicada y experto en transporte, considera que la privatización en sí misma no es negativa y todo depende de cómo se desarrolle el proceso que acaba de iniciar el Ministerio de Fomento. En su opinión el temor del Gobierno canario es que la gestión aeroportuaria escape a su control aunque, técnicamente, AENA seguirá bajo el control público al quedarse con el 51% del capital.
"A día de hoy no ha cambiado nada, todo depende ahora de cómo se haga el proceso y quién va a mandar, si la parte pública de AENA o el operador privado mayoritario", advierte Campos. En este sentido, recuerda que en Europa hay casos de gestión privada positivos, por lo que la entrada de capital privado en la gestión aeroportuaria no es en sí mismo negativa. Eso sí, Campos no es favorable a la fragmentación de los aeródromos y considera que la rentabilidad de los mismos no se puede aislar, es decir, los aeropuertos son rentables porque ofrecen servicios y conexiones a otros que no son rentables.
Otros expertos en gestión del transporte creen que el momento elegido por Fomento para poner en marcha la privatización parcial de AENA es por la mejora en la situación económica del ente público, que acabó el pasado año con beneficios y ha logrado reducir su abultado déficit. De esta forma, los ingresos que se obtienen por esta venta parcial aligeran notablemente el pasivo que arrastra el ente público. Asimismo, la mejoría que están experimentando la economía y los mercados propicia que sea un buen momento para captar capital privado, según las fuentes consultadas.
Competencia exclusiva
El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, subrayó ayer que los aeropuertos son "el instrumento más importante para el desarrollo social y económico" del Archipiélago, por lo que afirmó que no se pueden gestionar solo "con criterios economicistas, sino desde la perspectiva del interés público y social que tienen estas infraestructuras". Asimismo, manifestó que la introducción de un 49% de capital privado en los aeropuertos "es para ganar dinero" y eso solo se puede conseguir mediante dos vías posibles: "echar la tijera y recortar gastos", lo que implicaría empeorar los servicios, o subir las tasas y costes de operaciones.
Rivero reiteró que los riesgos que entraña la privatización de los aeropuertos son peores en Canarias que en el resto del territorio nacional ya que enla Península el transporte
aéreo compite directamente con el ferroviario y el desarrollo del AVE ha
propiciado incluso descensos de la demanda de vuelos. En Canarias no hay esa
posibilidad, por lo que "la enorme dependencia que tienen las islas de los
aeropuertos hace que se tenga que defender su carácter social y público",
insistió.
Sin embargo, el nuevo órdago político lanzado por el pacto autonómico al Gobierno del PP se puede quedar sólo en eso ya que no hay mecanismos legales para obligar al Estado a que ceda competencias propias a las comunidades autónomas y todo depende al final de la voluntad política. El artículo 149.1 dela Constitución
Española otorga al Estado la competencia exclusiva en los
aeropuertos de interés general, mientras que el artículo 33 del Estatuto de
Autonomía establece que la Comunidad Autónoma puede asumir la competencia en
puertos y aeropuertos de interés general si el Estado deja de ostentar la
gestión directa sobre los mismos.
El Ejecutivo regional mantiene que la privatización parcial de AENA es un cambio de modelo de la gestión directa de un ente público a una empresa que tendrá capital privado. Sin embargo, los precedentes no son muy halagüeños para las pretensiones dela
Comunidad Autónoma ya que hace años que se está solicitando
asumir las competencias en Salvamento Marítimo, Costas, Inspección de Trabajo o
el Servicio de Meteorología y el Estado o no responde o se niega a cederlas.
Por ello, el presidente Rivero señaló que los servicios jurídicos estudiarán las medidas que se puedan adoptar para recurrir o impugnar las decisiones que se adopten en la privatización de AENA si éstas perjudican a Canarias. También cabe la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencias.
Según Rivero, la intención del Gobierno central con esta privatización es captar 7.000 millones de euros de capital privado, que los inversores aportarán pensando en obtener rentabilidad, por lo que "afectará al coste de los aeropuertos". En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional recordó que el anterior Gobierno del PSOE tuvo la iniciativa de privatizar AENA pero desistió ante la falta de acuerdo, al igual que sucedió con las prospecciones petrolíferas. "Nuestra posición es inalterable y así se lo manifesté a la ministra cuando me llamó tras el Consejo de Ministros", aseveró el presidente del Ejecutivo regional.
En el caso de Canarias, Ofelia Betancor recuerda que las rutas aéreas que enlazan Canarias con
Por su parte, Javier Campos, también profesor de Economía Aplicada y experto en transporte, considera que la privatización en sí misma no es negativa y todo depende de cómo se desarrolle el proceso que acaba de iniciar el Ministerio de Fomento. En su opinión el temor del Gobierno canario es que la gestión aeroportuaria escape a su control aunque, técnicamente, AENA seguirá bajo el control público al quedarse con el 51% del capital.
"A día de hoy no ha cambiado nada, todo depende ahora de cómo se haga el proceso y quién va a mandar, si la parte pública de AENA o el operador privado mayoritario", advierte Campos. En este sentido, recuerda que en Europa hay casos de gestión privada positivos, por lo que la entrada de capital privado en la gestión aeroportuaria no es en sí mismo negativa. Eso sí, Campos no es favorable a la fragmentación de los aeródromos y considera que la rentabilidad de los mismos no se puede aislar, es decir, los aeropuertos son rentables porque ofrecen servicios y conexiones a otros que no son rentables.
Otros expertos en gestión del transporte creen que el momento elegido por Fomento para poner en marcha la privatización parcial de AENA es por la mejora en la situación económica del ente público, que acabó el pasado año con beneficios y ha logrado reducir su abultado déficit. De esta forma, los ingresos que se obtienen por esta venta parcial aligeran notablemente el pasivo que arrastra el ente público. Asimismo, la mejoría que están experimentando la economía y los mercados propicia que sea un buen momento para captar capital privado, según las fuentes consultadas.
Competencia exclusiva
El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, subrayó ayer que los aeropuertos son "el instrumento más importante para el desarrollo social y económico" del Archipiélago, por lo que afirmó que no se pueden gestionar solo "con criterios economicistas, sino desde la perspectiva del interés público y social que tienen estas infraestructuras". Asimismo, manifestó que la introducción de un 49% de capital privado en los aeropuertos "es para ganar dinero" y eso solo se puede conseguir mediante dos vías posibles: "echar la tijera y recortar gastos", lo que implicaría empeorar los servicios, o subir las tasas y costes de operaciones.
Rivero reiteró que los riesgos que entraña la privatización de los aeropuertos son peores en Canarias que en el resto del territorio nacional ya que en
Sin embargo, el nuevo órdago político lanzado por el pacto autonómico al Gobierno del PP se puede quedar sólo en eso ya que no hay mecanismos legales para obligar al Estado a que ceda competencias propias a las comunidades autónomas y todo depende al final de la voluntad política. El artículo 149.1 de
El Ejecutivo regional mantiene que la privatización parcial de AENA es un cambio de modelo de la gestión directa de un ente público a una empresa que tendrá capital privado. Sin embargo, los precedentes no son muy halagüeños para las pretensiones de
Por ello, el presidente Rivero señaló que los servicios jurídicos estudiarán las medidas que se puedan adoptar para recurrir o impugnar las decisiones que se adopten en la privatización de AENA si éstas perjudican a Canarias. También cabe la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencias.
Según Rivero, la intención del Gobierno central con esta privatización es captar 7.000 millones de euros de capital privado, que los inversores aportarán pensando en obtener rentabilidad, por lo que "afectará al coste de los aeropuertos". En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional recordó que el anterior Gobierno del PSOE tuvo la iniciativa de privatizar AENA pero desistió ante la falta de acuerdo, al igual que sucedió con las prospecciones petrolíferas. "Nuestra posición es inalterable y así se lo manifesté a la ministra cuando me llamó tras el Consejo de Ministros", aseveró el presidente del Ejecutivo regional.
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